¿Cuánto nos cuesta un proceso electoral?
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos
Elecciones 2026 (Segunda parte) – Leer la primera parte en: https://www.periodicoetica.com/wp-admin/post.php?post=145&action=edit
El Congresista Alejandro Ocampo ha denunciado, recientemente, visibles sobrecostos de más de 400 mil millones de pesos en “un solo contrato” de varios que realizó la Registraduría Nacional para las elecciones de 2022. Una cantidad escandalosa que nos lleva a preguntar entonces, si en un solo contrato se dan estos sobrecostos, cuál fue el total del contrato, cuántos contratos más se realizaron para el proceso electoral 2022, cuánto costaron dichas elecciones. ¿Cuánto podrían costar las próximas elecciones del 2026?
De acuerdo a la Misión de Observación Electoral (MOE), se establece que las elecciones de 2022 podrían haber costado más de 1,14 billones de pesos. Por su parte en enero de 2025, el entonces Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, anunció que el presupuesto para el funcionamiento total de las elecciones del 2026 será de 3,4 billones de pesos. Un aumento total del casi 200% del presupuesto con relación al del 2022. Un salto presupuestal aún más escandaloso en un país que viene ajustándose económicamente con reformas tributarias que cada vez aprietan más el cinturón de los colombianos y colombianas. Las elecciones del 2018 habrían costado 759 mil millones de pesos, un 41% menos que la del 2022.
Estas cifras cubren todo el proceso electoral en sus acciones operativas, además de las conocidas cifras de reposición de votos que es la fórmula ideada para calcular las cantidades presupuestales de “financiación de las campañas”, por parte del Estado, a las diversas candidaturas.
En este sentido, solo para hacernos a una idea de los costos en reposición de votos, tenemos que en las elecciones del 2022 los candidatos que obtuvieron el número de votos válidos superando los porcentajes mínimos requeridos para dicha reposición fueron en su orden los siguientes: la campaña de Gustavo Petro con un 40,3% de votos válidos recibió 26.656 millones de pesos, la campaña de Rodolfo Hernández con un 28,1% recibió 18.609 millones de pesos, la Campaña de Federico Gutiérrez con un 23,9% recibió 15.811 millones y la de Sergio Fajardo con un 4,2% recibió 2.777 millones. Esto quiere decir que en la sola primera vuelta presidencial se habrían desembolsado recursos de 63.853 millones de pesos en reposición de votos. Los cálculos iniciales de la Registraduría, según el estudio de la MOE, era de $72.049.020.621, cifra comparable con el presupuesto de inversión de la Defensoría del Pueblo para 2022 ($74.375.679.763).
Para la segunda vuelta los candidatos Petro y Hernández, de acuerdo a los gastos reportados en campaña, habrían recibido cerca de 16 mil millones de pesos (Petro más de 12 mil millones y Hernández más de 3 mil millones), aunque la cantidad de votos obtenidos para cada uno les daba para recibir unas cifras astronómicas: Petro con más de 11 millones de votos debería haber recibido algo más de 74.791 millones, y Hernández con más de 10 millones 600 mil votos debería haber recibido más de 70.234 millones de pesos. Pero la regla limita la reposición de votos a los gastos reportados en campaña. Lo anterior nos da una idea de las grandes sumas de dinero que gastamos todos los colombianos y colombianas en solo reposición de votos. Y nos faltan los cálculos de lo que fue la reposición de votos en las consultas internas de precandidatos presidenciales y las de congreso (Senado y Cámara de Representantes), para que hagamos cálculos completos de esta bonanza electoral solo en reposición de votos.
El negocio de las elecciones: otros gastos operativos y más sombras de corrupción
Por el lado de las campañas las sombras de la corrupción más sonadas son la compra de votos y las financiaciones indebidas o ilegales. En el país ha hecho carrera el rumor de las financiaciones “calientes”, es decir platas provenientes del narcotráfico y de mafias paramilitares. En este sentido son recordadas campañas presidenciales como la de Ernesto Samper Pizano, en cuyo período se confirmaría que el rumor era cierto, y que desde los años 70s, campañas como la de López Michelsen, en los 80s las de Turbay Ayala y de Belisario Betancourt habrían recibido financiaciones ilegales; López de la bonanza marimbera, Turbay, Betancourt y posiblemente la campaña de César Gaviria, del Cartel de Medellín. Sin contar la presión armada y entrada de dineros provenientes del paramilitarismo a la campaña de Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos del 2002 al 2010, según confesiones de varios comandantes paramilitares en fechas recientes quienes han declarado que el paramilitarismo sí apoyo su proyecto presidencial.
En el período de Iván Duque, 2018-2022, se habló de la “Ñeñe Política” para referirse a la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, y en el actual período 2022-2026, aún perviven las sospechas de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, lo cual no ha podido ser demostrado plenamente por el CNE que abrió una investigación por posible violación a los topes permitidos para gastos de campañas y presuntas entradas de platas de fuentes prohibidas.
En el tema de compra de votos son famosos varios clanes políticos del país, entre los más sonados las familias costeñas Char, los Gerlein, los Gnecco, entre otras familias políticas (gamonales electorales tradicionales), que a lo largo y ancho del país no solo conformaron redes para compra de votos, sino que también habrían incurrido en alianzas con grupos paramilitares para ganar elecciones.
Para que nos hagamos una idea de este entramado de gastos y las posibles fisuras que en su ejecución pueden facilitar la corrupción, veamos las recientes denuncias del congresista Alejandro Ocampo quien sostiene que detrás de las elecciones habría un negocio redondo, de acuerdo a indicios de sobrecostos en un solo contrato de los muchos que firman la Registraduría con la cuestionada empresa Thomas Greg & Sons, quien durante años ha mantenido amarrados los contratos no solo de la Registraduría sino que también el jugoso contrato de expedición de pasaportes con el Ministerio de Relaciones Exteriores (recordemos toda la polémica del gobierno Petro por tratar de parar este monopolio).
Así pues, la revisión que hace el Congresista Alejandro Ocampo, en página del SECOP, arroja los siguientes resultados, que lo llevan a señalar el posible entramado de corrupción desarrollado desde el año 2013: “Del 2022 al 2025, se evidencian incrementos acelerados del 68% en biometría, del 76% en el escrutinio y del 263% en el software infovotantes solo para las elecciones al Congreso. Por un candidato ir a la Registraduría, firmar, tomarse una foto y una huella, Thomas Greg & Sons cobra más de $13 millones”. Afirma el congresista en una serie de mensajes que no solo expuso en el Congreso mismo sino que publicó en sus redes sociales.
Y continúa con su enumeración de inconsistencias en el contrato: “Una mesa de marca común que vale $10 mil el alquiler, Tomás Greg & Sons la alquila en $41 mil. Lo mismo pasa con otros elementos empleados para la jornada electoral. Las sillas, mesas, carpas y vallas, todas presentaron sobrecostos. En el mercado dichos elementos para cada puesto de votación costarían $4,665,440,860 pero en la contratación salen a $5,320,540,860”.
Para Ocampo “es un descaro el derroche de recursos. Tomás Greg & Sons nos cobra a los colombianos $700 mil por escanear 26 hojas que en cualquier papelería costaría $20 mil”.
Y califica de inaudito que por cada elección para Congreso, Presidencia y Juventudes se tengan que alquilar los elementos tecnológicos y software por un valor exagerado, de hecho, con los cálculos, a Colombia le saldría más económico comprar cada elemento para cada proceso electoral.
La cuestión es, en palabras del congresista, que cada elección se convierte en un negocio millonario para unos pocos, sin que quede claro quién garantiza que el interés principal sea la democracia y no la rentabilidad en un país que merece respuestas y un sistema electoral transparente.
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