Elecciones 2026 y Sombras de Corrupción – Parte 1
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos
La crisis institucional de los partidos
Estas, dicen algunos comentaristas en redes sociales, podríamos pensar, serán unas elecciones sin precedente, donde abundan los candidatos (casi un centenar de “personajes” se postularon como pre candidatos, aunque con el pasar de los meses se ha ido depurando el panorama electoral). De otro lado, se presenta el fenómeno de una multiplicidad de candidaturas “independentes”, por fuera de los partidos, como un mal presagio para la ya débil hegemonía de un bipartidismo histórico que desde hace unas décadas empezó a dejar hijos expósitos en los garajes donde el negocio electoral con su venta de avales terminó de pervertir la política. Ese bipartidismo de extrema derecha que se presenta hoy como “la oposición”, y que en medio de un desespero doloroso no logra construir una propuesta ni un discurso de altura que lo lleve a recuperar con dignidad el poder perdido.
No perdamos del horizonte que en este mar de candidatos “independientes” no dejan de haber hijos de los partidos con personería que lo hacen como estrategia, para aparentar lejanía, una mascarada que “presumen” los desmarca de los desacreditados partidos y movimientos a los que realmente pertenecen en su calidad de delfines.
Más de 90 de ese centenar de cuasi candidatos, aspirantes al solio de Bolívar, recurrieron a la famosa inscripción desde comités ciudadanos que esperaban dejar en firme sus candidaturas con la recolección de firmas (de los cuales menos de la mitad cumplió la meta de recoger las más de 600 mil firmas que se necesitaban, quedando en este partidor solo 15 candidatos avalados, después del conteo de más de 28 millones de firmas realizado en la Registraduría Nacional).
Muchos, los más sagaces, los zorros de la política, sabían que no lo lograrían, pero aquí otra estrategia: así no lo logren figurarán en medios de comunicación, mojarán prensa, recibirán algunos abonos en patrocinio, y se harán notar para dejar un precedente, pasaron a ser candidatos al Congreso, o luego vendrán las elecciones regionales o, venderán a un candidato finalista la ilusión de unos cuántos votos conquistados en estas caminatas primarias a cambio de algún puesto futuro, hacer parte de la torta burocrática; hay mucho qué ganar y poco qué perder dirán en esta apuesta por dejar atrás el desempleo y el anhelo de empezar a vivir del erario público.
El calendario electoral tuvo punto de partida
En medio de una Colombia polarizada entre el petrismo y el uribismo, con una débil y sospechosa franja de centro que se reclama por fuera de estos extremos, la Registraduría Nacional colombiana lanzó el calendario electoral del año 2026, anunciando que “los colombianos pueden tener absoluta tranquilidad de que la Registraduría Nacional puede garantizar elecciones transparentes e íntegras”. Igualmente, que “se trabajará con total determinación para derrotar la abstención electoral y hacer que los colombianos se animen a tomar decisiones y salgan a ejercer su derecho al voto. Colombia es uno de los países que está por debajo de la media en materia de participación electoral”
De esta manera las elecciones de Congreso se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026 y las de presidencia el 31 de mayo de 2026. Pero este calendario electoral inició a correr desde muy temprano, en el año 2005 toda vez que diferentes partidos, movimientos y líderes políticos no sólo expresaron públicamente su intención de hacerse contar sino que también, en algunos casos se anunciaron consultas internas de partidos para elegir sus candidatos y candidatas presidenciales (el Pacto Histórico realizó su consulta en octubre de 2025 con dos precandidaturas (Carolina Corcho e Iván Cepeda, siendo el elegido Cepeda). El Centro Democrático terminó eligiendo su candidata (Paloma Valencia), de cinco precandidaturas propuestas, a partir de una “supuesta” encuesta y, hacia el mes de marzo de 2026 se vienen cocinando varias consultas interpartidistas. Partidos, movimientos e “independientes” siguen buscando alinear los astros a su favor aunque las encuestas a enero de 2026 solo dan porcentajes positivos a las candidaturas de Iván Cepeda (con un casi 40%); Abelardo de la Espriella (con algo más de un 30%); y en tercer lugar, muy lejos de los anteriores, Paloma Valencia (con un 3%), según encuesta de GAD3 de España para RCN.
En este contexto preelectoral hay, entonces, que hacerse dos preguntas iniciales como punto de partida para una reflexión que muy seguramente se irá profundizando en los siguientes meses en la medida que se acerquen las fechas determinadas por la Registraduría Nacional: 1, ¿Qué está en juego en este proceso electoral del 2026? y 2, ¿Cuánto le costará a los colombianos todo este proyecto electoral y en qué medida hay transparencia en la ejecución de estos gastos?
¿Qué se juega en estas elecciones?
En medio de un botín representado en más de 550 billones de pesos, que será solo el presupuesto nacional para 2026, las maquinarias electoras (financiadores “privados” que aceitan incluso con la compra de votos en las campañas y que luego pasarán a ser los principales contratistas del Estado), se configuran dos visiones totalmente opuestas, desde esos dos extremos altamente polarizados que dicen rehuir los candidatos que se dicen no ser ni de izquierda ni de derecha.
De un lado la visión de una apertura progresista que, por primera vez en más de 200 años de vida republicana, mira con sinceridad la necesidad de reformas que acorten las distancias de la desigualdad y la inequidad violenta que ha mantenido a millones de colombianos y colombianas en la más absoluta miseria; reformas que de alguna manera buscan aliviar el bolsillo de millones de asalariados para que echen una bolsita de leche más en la canasta de mercado mensual y ajustar a los empresarios que, además de ser subsidiados con exenciones de impuestos, suelen llevarse la plusvalía para sus bolsillos particulares o los bancos fiscales en el extranjero. La visión de un sector que busca darle continuidad a un gobierno que, pese a sus improvisaciones e imprecisiones, se la juega por una nueva línea en la política de Paz, sabiendo que es el modelo el que hay que transformar para disminuir el conflicto armado. Que es transformando el campo, generando más oportunidades para el campesino y desmantelando los grandes laboratorios de procesamiento de cocaína y reclamando corresponsabilidad a los países consumidores y donde se mueven los grandes carteles de distribución de drogas que se disminuirá el narcotráfico que tanta gasolina le echa al conflicto armado interno colombiano.
De otro lado, la visión de un sector político clasista y excluyente, constituido por élites tradicionales, políticas y económicas, que se alinean en las políticas más salvajes del neoliberalismo colonizador y hasta genocida internacional, que busca regresar para recuperar sus grandes negocios de corrupción y alianzas en la sombra con mafias y criminales, en detrimento de la dignidad integral de millones de colombianos y colombianas. Según los debates propuestos por algunos líderes de izquierda: una visión que busca alinear a Colombia en los órdenes de la política internacional genocida que lidera Israel con el beneplácito de EEUU, y en el cono sur Argentina.
Que además es la visión de las reformas tributarias que -como diría el exministro Carrasquilla- ajusten el cinturón de las personas naturales (millones de asalariados del país), y beneficien a los empresarios (apenas un puñado de familias en el país). La visión de una política de paz represiva, con el riesgo de volver al periodo del 2002-2010, llena de falsos positivos y alto nivel de violación a los derechos humanos, que pondera el uso del glifosato antes que una sustitución de cultivos alternativa y más consecuente con los derechos humanos; que prefiere judicializar al campesino cultivador que perseguir al verdadero narcotraficante; pero sobre todo, que buscará la desaparición de lo social en la agenda política del país para volver a instaurar su política de “seguridad” en una agenda de regreso a la guerra.
Próxima entrega: Sombras de Corrupción
